miércoles, diciembre 11, 2024
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Fiscalía judicializa a dos hombres implicados en extorsiones en Meta.

La Fiscalía General de la Nación ha logrado la captura y judicialización de dos hombres vinculados a las disidencias de las FARC, quienes presuntamente extorsionaban a comerciantes y ganaderos en Puerto Gaitán y Mapiripán, Meta.

 

Capturas en el corazón del crimen organizado

Wender Enrique Medina Varela y Anderson David Peláez Hernández fueron arrestados en una operación conjunta con el grupo Gaula de la Policía Nacional, justo en el momento en que recibían una suma significativa de dinero relacionada con sus actividades delictivas.

Ambos son señalados de formar parte de la estructura de disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, y se les acusa de llevar a cabo exigencias económicas ilegales a varias víctimas en la región.

 

Extorsiones que afectan a la Comunidad

Las investigaciones revelan que los procesados utilizaban métodos intimidatorios para extorsionar a comerciantes, ganaderos y transportadores. Contactaban a sus víctimas de forma personal y telefónica, amenazándolas mediante panfletos y exigiendo pagos a cambio de no atentar contra ellos o sus familias.

Este tipo de prácticas ha generado un clima de miedo y vulnerabilidad entre los habitantes de sectores como Alto Tillava, El Oasis, El Porvenir y Rubiales.

 

Acciones Judiciales y Medidas de Aseguramiento

La Fiscalía ha presentado cargos de concierto para delinquir y extorsión agravada contra los capturados, aunque estos no han aceptado los cargos.

La medida de aseguramiento fue solicitada por el ente acusador, quien argumentó que ambos individuos representan un peligro para la comunidad.

Un juez de control de garantías aceptó esta solicitud y determinó que los acusados deben permanecer en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

 

Compromiso en la Lucha Contra la Delincuencia

Con estas acciones, la Fiscalía busca desarticular las redes de crimen organizado que operan en Meta, frenando su capacidad de intimidación y extorsión.

La colaboración con las autoridades policiales ha sido crucial para lograr estas capturas, un paso importante en la protección de los derechos de los ciudadanos afectados por la violencia y el delito en la región.

La judicialización de Medina Varela y Peláez Hernández representa un esfuerzo significativo por parte de las autoridades para restaurar la seguridad y confianza en comunidades que han sido golpeadas por la criminalidad.

La lucha contra la extorsión y otras formas de violencia continúa siendo una prioridad en la agenda del gobierno.

 

Judicializado en Caquetá un hombre por agredir a su expareja sentimental

Por otra parte en Florencia, Caquetá, este 1 de noviembre un hombre de 60 años ha sido judicializado tras ser señalado de agredir a su expareja sentimental, en un caso que ha puesto de manifiesto la persistencia de la violencia de género en la región. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de julio en un establecimiento público de Florencia, donde la víctima, de 37 años, se encontraba en compañía de otras personas.

La captura del agresor fue posible gracias a los elementos de prueba y la evidencia física recopilados por la Fiscalía General de la Nación. Un fiscal de la Unidad de Vida imputó al procesado el delito de tentativa de feminicidio agravado, dado que la agresión incluyó golpizas y un ataque con un arma blanca que le causó heridas en el tórax a la mujer.

Un juez de control de garantías accedió a la solicitud del ente acusador de imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, enfatizando la necesidad de proteger los derechos de la víctima ante la amenaza que representaba el investigado.

La Fiscalía ha destacado que la relación entre ambos estuvo marcada por un ciclo de violencia física, verbal y psicológica. Este contexto llevó a la mujer a terminar la relación, una decisión que no fue bien recibida por el agresor, quien la sometió a un acoso constante, culminando en el intento de atentar contra su vida.

Durante las audiencias preliminares, el hombre no aceptó los cargos imputados por el delegado fiscal. Este caso resalta la importancia de la intervención judicial en situaciones de violencia de género y la protección de las víctimas en Colombia.

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