La liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza mientras crece la incertidumbre laboral dentro de la entidad y el Gobierno enfrenta el reto de redistribuir sus tareas en otras instituciones. El cierre llega después del revés jurídico que invalidó la norma que lo creó y reactivó las críticas por presupuesto, ejecución y posibles funciones duplicadas.
Un ministerio nacido por ley, pero con un problema fiscal de origen
El punto de quiebre fue la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, con la que se creó el Ministerio de la Igualdad y Equidad. El alto tribunal concluyó que el trámite legislativo tuvo un vicio de procedimiento que consideró insubsanable.
Según esa determinación, el Congreso aprobó la nueva cartera sin el análisis de impacto fiscal exigido. En términos prácticos, la Corte sostuvo que no se expuso con claridad cuánto costaba abrir el ministerio ni cuál sería su fuente de financiación.
Aun así, el tribunal autorizó que la entidad siguiera operando de forma temporal para evitar traumatismos institucionales y fijó un límite: el año 2026 como horizonte para corregir el problema mediante una nueva ley. En ese intento, el Gobierno buscó impulsar de nuevo el proyecto, pero no consiguió consolidar el respaldo legislativo necesario, según el recuento del caso.
Presupuesto del Ministerio de la Igualdad: tamaño, ritmo de gasto y señales de alerta
La discusión sobre su conveniencia también se concentró en el tamaño de los recursos asignados. Para 2024, el Ministerio de la Igualdad tuvo una apropiación cercana a $1,5 billones, una cifra que desde el inicio alimentó el debate público.
El foco, sin embargo, se movió rápido del monto a la ejecución. En el primer trimestre de 2024, la cartera reportaba una ejecución de inversión de 0 %, de acuerdo con reportes divulgados en ese momento, lo que la ubicaba entre los niveles más bajos del Gobierno Nacional.
Hacia finales de 2024, las críticas se mantuvieron por la distancia entre los recursos y su reflejo en programas concretos. Informes periodísticos señalaron que, con un presupuesto cercano a $1,8 billones, los desembolsos habían sido limitados y el gasto se concentraba en funcionamiento y nómina.
La lectura de bajo desempeño se extendió a 2025. Según reportes conocidos en 2026, la ejecución de inversión habría cerrado en niveles cercanos al cerca del 5 %, un dato que reavivó los cuestionamientos sobre la capacidad real de la entidad para acelerar políticas sociales.
Funciones duplicadas y el desafío de reubicar programas en la liquidación
Más allá de las cifras, otro frente del debate fue la delimitación de competencias. Antes de 2023, políticas dirigidas a mujeres, comunidades étnicas, juventudes, discapacidad y población vulnerable ya estaban en el radar de entidades como Prosperidad Social, el ICBF y ministerios como Interior, Trabajo y Educación, además de consejerías presidenciales.
El Gobierno defendió la creación del ministerio como una herramienta para dar visibilidad a poblaciones históricamente excluidas y coordinar una agenda de igualdad y equidad, con formulación de políticas y estrategias territoriales. Aun así, incluso sectores cercanos al Ejecutivo han reconocido que los resultados no quedaron en proporción con el presupuesto y las expectativas.
Con el proceso de liquidación en marcha y protestas de trabajadores por la incertidumbre laboral, el cierre deja una discusión doble: la viabilidad de abrir nuevas estructuras sin estudios financieros sólidos y, en lo inmediato, cómo se reubican funciones y programas en instituciones que ya existían antes de la creación de la cartera.
