La demanda por nombramiento en el ICA que anunció la congresista María Fernanda Carrascal apunta al acto administrativo con el que el presidente electo Abelardo de la Espriella pretende designar a Lina María Garrido como gerente general del ICA. La legisladora del Pacto Histórico dijo que acudirá al Consejo de Estado cuando el documento sea expedido.
El acto aún no se expide, pero ya anuncia la demanda
Carrascal hizo el anuncio en la red social X, en medio de la conformación del equipo de gobierno de De la Espriella. Su objetivo, explicó, es demandar el acto administrativo “una vez sea expedido”, es decir, cuando el nombramiento quede formalizado en un documento oficial.
En términos prácticos, una demanda ante el Consejo de Estado contra un acto administrativo busca controvertir su legalidad. En este caso, el foco estaría en si el eventual nombramiento cumple o no las reglas y requisitos que rigen la dirección del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Demanda por nombramiento en el ICA: el reparo central es el “perfil”
La congresista sostuvo que Garrido no cumple los requisitos legales del cargo. Según su versión, el perfil de la excongresista “está completamente desvinculado de las funciones técnicas de la entidad” y no acredita el título ni la experiencia que exige el manual de funciones del ICA.
Carrascal recordó que Garrido fue congresista en el periodo anterior por Cambio Radical. También afirmó que la designación respondería a compromisos políticos antes que a criterios técnicos, una crítica que enmarcó en la discusión sobre cómo se integraría el nuevo equipo de gobierno.
Señalamientos sobre cuotas políticas y contraste con los últimos directores
En su publicación, Carrascal fue más allá del cuestionamiento técnico y agregó señalamientos sobre el entorno político de Garrido. Dijo que su “pertenencia a un clan político” incluye antecedentes de sanciones fiscales y penales, y mencionó a su padre y al exgobernador Facundo Castillo, a quien calificó como su “principal padrino político”.
La legisladora afirmó, además, que Castillo fue condenado por corrupción y que ha sido investigado por presuntos vínculos con el ELN. Esos elementos, planteó, reforzarían su tesis de que la postulación de Garrido no se sustenta en mérito técnico sino en alianzas políticas.
Como contraste, Carrascal señaló que, durante los últimos cuatro años, los directores del ICA nombrados por Gustavo Petro contaban —según su versión— con experiencia acreditada en gestión pública y en el sector antes de asumir. En su mensaje, insistió en que ese antecedente debería ser un estándar para un cargo con funciones técnicas.
Por ahora, el pulso anunciado se concentra en el momento en que se expida el acto administrativo del eventual nombramiento. Si eso ocurre, la congresista anticipó que llevará el caso al Consejo de Estado para que evalúe la legalidad de la designación.
