El encargo en la presidencia de Ecopetrol quedó en el centro de una solicitud formal de la Veeduría por la Verdad y la Justicia, que pidió la intervención de organismos de control para revisar el proceso de designación de Juan Carlos Hurtado como presidente encargado de la compañía.
La solicitud a los organismos de control y el alcance del pedido
La organización hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias constitucionales y legales, adelanten verificaciones e investigaciones sobre el nombramiento en encargo.
Según la Veeduría, ha recibido información y denuncias de distintas fuentes sobre posibles relaciones, intereses o circunstancias alrededor de la designación. En su planteamiento, si esos señalamientos se corroboran por las autoridades competentes, podrían afectar principios como la transparencia, la independencia administrativa y la protección del patrimonio público.
Qué pide la Veeduría sobre el encargo en la presidencia de Ecopetrol
El foco del requerimiento es que las autoridades establezcan, mediante las actuaciones correspondientes, si existen eventuales conflictos de interés, vínculos u otras circunstancias que puedan comprometer la independencia de la administración de Ecopetrol o la adecuada gestión de los recursos públicos.
Como parte de sus argumentos, la Veeduría subrayó el tamaño de la operación bajo revisión: señaló que la ejecución presupuestal durante el período de encargo asciende a cerca de 80 billones de pesos. A partir de ese dato, pidió esclarecer plenamente los hechos para despejar dudas que afecten la confianza ciudadana en la dirección de la empresa.
Denuncias mencionan presuntos respaldos y piden verificación, no conclusiones
La Veeduría también puso en conocimiento de las autoridades que parte de la información recibida indica que la hoja de vida del hoy presidente encargado habría sido impulsada o respaldada, presuntamente, por personas que en escenarios públicos y mediáticos han sido relacionadas con el presunto “cartel de los catalanes” en Colombia.
De acuerdo con esas mismas informaciones, algunas de esas personas habrían sido objeto de investigaciones o señalamientos por parte de autoridades de distintos países de América Latina. La organización recalcó, sin embargo, que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes verificar la veracidad de lo denunciado, establecer la existencia o no de vínculos y definir si tendrían relevancia jurídica o disciplinaria.
En paralelo, la Veeduría llamó al Gobierno Nacional a que las decisiones sobre la dirección de Ecopetrol se adopten con criterios de mérito, transparencia, independencia y protección del patrimonio público. También pidió que cualquier actuación se adelante con diligencia y con respeto estricto por el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales de las personas involucradas.
