El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Meta desestimó este martes la demanda de pérdida de investidura presentada por el ciudadano José Enrique Molina Rojas contra tres concejales de Villavicencio: Diego Alexander Garay Ruiz, Fabián Alberto Bobadilla Piedrahíta y William Alexander Hernández Villalba.
La demanda alegaba que los tres políticos habían incurrido en conflicto de intereses al participar en la aprobación de un acuerdo municipal que autorizaba un cupo de endeudamiento para la Administración de Villavicencio en 2022.
Los hechos que motivaron la demanda
Según el demandante, los concejales habrían violado el régimen de inhabilidades al no haberse abstenido de votar en el proceso de aprobación del acuerdo, en el cual se autorizaba a la Alcaldía de Villavicencio, encabezada en ese momento por Juan Felipe Harman Ortiz, a contraer una deuda.
La controversia surgió a raíz de la recusación presentada contra los concejales, la cual, según la demanda, no fue resuelta de manera individual, sino colectiva, lo que habría violado los procedimientos legales.
El fallo del Tribunal
El Tribunal, compuesto por seis magistrados, resolvió que la recusación presentada contra los concejales no los deshabilitaba para participar en la deliberación y votación del informe de la comisión accidental, considerando que la decisión del Concejo Municipal de negar la recusación fue válida. Además, el fallo concluyó que no se probó el dolo o culpa grave que pudiera demostrar que los concejales tenían un interés particular, distinto al interés general, al intervenir en la votación del acuerdo.
De los seis magistrados que integraron la Sala Plena, cinco estuvieron de acuerdo con la decisión, mientras que el magistrado Héctor Enrique Rey Moreno se apartó de la mayoría y presentó un salvamento de voto, argumentando en desacuerdo con el fallo.
Implicaciones y posibilidad de apelación
Este fallo, que es de primera instancia, aún puede ser apelado ante el Consejo de Estado, el cual será el encargado de revisar el caso en segunda instancia.
La decisión deja en claro que, por ahora, los concejales Garay, Bobadilla y Hernández mantienen su investidura y podrán continuar en su labor legislativa en el Concejo de Villavicencio.
Este fallo subraya la importancia de los procedimientos legales y el análisis exhaustivo de las pruebas en casos de conflicto de intereses dentro de la política local. Aunque el Tribunal ha negado la demanda, el proceso judicial podría continuar dependiendo de las acciones que tomen las partes involucradas.