Las reformas del Pacto Histórico volvieron al centro del debate en el arranque de la nueva legislatura: el Gobierno de Gustavo Petro y la bancada oficialista radicaron en el Congreso una batería de proyectos en materia tributaria, salud, educación, trabajo, tierra y ambiente. La movida busca dejar instalado un programa de oposición frente al presidente electo Abelardo de la Espriella, en un Legislativo donde el nuevo Gobierno no tiene mayorías aseguradas.
Una ofensiva legislativa en el cierre del cuatrienio
La radicación se concentró en el 22 de julio de 2026, cuando ministros del Ejecutivo saliente acompañaron a congresistas del Pacto Histórico en la presentación de varios proyectos de ley. Entre ellos figuran una reforma tributaria, una nueva reforma a la salud, cambios al financiamiento de la educación superior, el Estatuto del Trabajo y Salario Vital, la jurisdicción agraria y una ley antifracking que prohíbe esa técnica “en todas sus modalidades y en cualquier lugar del país”.
Durante una rueda de prensa en el Capitolio, dirigentes del bloque oficialista defendieron el paquete como una forma de “profundizar” el legado del Gobierno saliente y ejercer oposición “democrática” frente a la administración entrante. La senadora Carolina Corcho, una de las voceras del grupo, aseguró que desde el Congreso buscarán “defender los logros sociales” y dar la batalla por la progresividad fiscal.
El paquete retoma varias iniciativas que no avanzaron en el Congreso anterior. En el caso de la salud, la propuesta ya se había hundido dos veces en la Comisión Séptima del Senado. La tributaria también fue archivada en las comisiones terceras y cuartas. La jurisdicción agraria, por su parte, quedó pendiente de aprobación en la pasada legislatura.
Reforma tributaria y salario vital: qué plantea el bloque oficialista
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la nueva tributaria pretende aumentar la carga para personas de mayores ingresos y patrimonios. “Es una propuesta progresiva. No toca menores ingresos ni la canasta familiar”, dijo. El proyecto propone gravar carros de lujo, yates y las entradas a conciertos que superen los 500.000 pesos, además de crear nuevos impuestos a las bebidas alcohólicas.
En materia laboral, el ministro Antonio Sanguino presentó el Estatuto del Trabajo y Salario Vital, que busca dar rango de ley a un cálculo de remuneración que permita a los hogares cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte. La apuesta apunta a convertir en mandato permanente criterios usados por el Gobierno Petro para el aumento del salario mínimo en diciembre pasado.
Salud, educación superior, tierra y fracking: reformas que chocan con el nuevo Gobierno
El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a radicar la reforma a la salud con un enfoque de atención primaria, promoción y prevención. Según explicó, el articulado conserva la intención de reducir funciones de las EPS, evitando que administren recursos y eliminando la integración vertical, bajo el diagnóstico del Gobierno saliente de que ese diseño agravó la crisis del sector.
En educación superior, el ministro Daniel Rojas y la representante Isabel Vera presentaron una reforma a la Ley 30 para reforzar el reconocimiento de ese nivel educativo como derecho y consolidar en ley cambios del cuatrienio. El proyecto se anticipa como un punto de choque con la ministra entrante Vivian Morales, quien ha planteado reversar varias apuestas del petrismo en ese campo.
La jurisdicción agraria fue respaldada por el representante Gabriel Becerra y la exministra de Agricultura Martha Carvajalino, mientras que la ministra de Ambiente, Irene Vélez, defendió la ley antifracking con el argumento de que “primero es el agua”. Aunque el bloque sigue siendo la bancada más grande en un Congreso fragmentado, cuenta con 26 de 103 senadores y 41 de 182 representantes, un tamaño que complica la aprobación de la mayoría de proyectos.
