La administradora de bienes de Chiquito Malo, identificada como Ingrid Paola Ávila Hernández, fue enviada a prisión por decisión de un juez de control de garantías, dentro de un proceso por presuntas operaciones con dineros del Clan del Golfo. La Fiscalía la señala de gestionar recursos del máximo cabecilla de esa estructura y de participar en la compra y ocultamiento de inmuebles.
Medida de aseguramiento y delitos imputados
Un juez con función de control de garantías impuso a Ávila Hernández una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso penal en su contra. La decisión se tomó tras la imputación de cargos hecha por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con el ente investigador, Ávila Hernández habría organizado y gestionado recursos que pertenecerían a Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, señalado como máximo cabecilla del grupo armado ilegal conocido como Clan del Golfo.
Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos. La procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Los inmuebles bajo la lupa en Antioquia
La investigación ubica las presuntas operaciones en varios municipios de Antioquia. La Fiscalía indicó que los inmuebles fueron adquiridos en Apartadó, Turbo, Medellín, San Jerónimo y Ebéjico.
Según el avalúo preliminar citado por el ente acusador, estas propiedades superan los 800 millones de pesos. La hipótesis de la Fiscalía es que habrían sido compradas con recursos asociados a actividades ilícitas atribuidas al Clan del Golfo.
Además, las labores investigativas permitieron identificar seis bienes adquiridos entre 2020 y 2023. En esos casos, el avalúo comercial sería ampliamente superior al valor registrado en las escrituras de compraventa, un hallazgo que hace parte del análisis del proceso.
Qué sostiene la Fiscalía sobre el origen del dinero
La Fiscalía explicó que los recursos con los que se habrían adquirido los bienes investigados provendrían del tráfico transnacional de estupefacientes, el cobro de extorsiones y otras conductas delictivas atribuidas al Clan del Golfo.
Dentro de ese marco, el ente investigador sostiene que Ávila Hernández presuntamente participó en operaciones orientadas a fortalecer las finanzas de la estructura mediante la compra y el ocultamiento de bienes inmuebles.
Con la medida de aseguramiento ya en firme, Ávila Hernández permanecerá privada de la libertad en un establecimiento carcelario mientras la Fiscalía avanza en el proceso por los delitos imputados.
