El magnicidio de Miguel Uribe entra en un nuevo tramo procesal: la Fiscalía anunció que solicitará a un juez declarar como persona ausente a siete cabecillas de la Segunda Marquetalia para poder avanzar en su imputación como presuntos autores intelectuales.
La figura de “persona ausente” y los cargos que prepara la Fiscalía
El atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrió el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá. Un año después, el ente acusador indicó que el trámite de “persona ausente” le abriría paso a la formulación de imputación.
La fiscal delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo, explicó en declaraciones a La FM que, si el juez avala la solicitud, la Fiscalía buscará imputar cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En el expediente figuran órdenes de captura contra Kendry Téllez Álvarez, señalado como posible determinador, y otros seis nombres por línea de mando: Iván Luciano Marín Arango (alias Iván Márquez), Géner García Molina (alias Jhon 40), Alberto Cruz Lobo (alias Enrique Marulanda), Jhon Jairo Bedoya Arias (alias Rusbel o Rumba), Diógenes Medina Hernández (alias Gonzalo o Chalo) y José Aldinever Sierra Sabogal (alias Zarco Aldinever).
Circular roja, recompensas y el rastreo de dineros en el caso Miguel Uribe
En el mismo reporte, La FM señaló que la investigación vinculó a 17 implicados y que las autoridades reportaron la captura de nueve señalados como autores materiales. Además, se activó una circular roja de Interpol y se anunciaron recompensas por más de 19.500 millones de pesos por siete cabecillas, con búsqueda en 196 países.
Según la Fiscalía, los elementos recaudados apuntan a motivos “político-instrumentales” asociados al ejercicio político de Miguel Uribe como senador y candidato. En esa línea, el expediente citado por la emisora plantea que el caso reúne criterios para considerarse magnicidio por la presunta intención de incidir en el escenario político.
En paralelo, el despacho adelanta un rastreo de dineros en cuentas bancarias en Colombia y en el exterior, con menciones a países como Argentina y Ecuador, para ubicar transacciones y presuntos financiadores. Con base en esos hallazgos, la Fiscalía prevé pedir nuevas órdenes judiciales para ubicar y capturar a otros posibles implicados.
Seguridad, preacuerdo y el llamado público de la familia
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, sostuvo que el crimen no obedeció a un hecho aislado, sino a una operación con red delictiva urbana contratada —descrita como “outsourcing”— y participación del Grupo Armado Organizado Residual de la Segunda Marquetalia. El caso incluye verificaciones forenses y de comunicaciones para reconstruir la secuencia de los hechos.
La familia también presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una prueba sobre vulnerabilidades en la seguridad del senador, incluso durante su atención médica en la Fundación Santa Fe, según dijo a La FM el abogado e investigador Ricardo Cruz. El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, negó el 30 de abril ante la Fiscalía haber omitido acciones para reforzar el esquema y aseguró que la entidad actuó conforme a sus obligaciones.
La emisora informó además que la Fiscalía insistirá ante un juez el 16 de junio para que se avale un preacuerdo con Elder José Arteaga, alias El Costeño o Chipi, señalado como “cerebro en la ejecución”, pese a la oposición expresada por la familia. Miguel Uribe falleció el 11 de agosto de 2025 y, en la conmemoración del atentado, su hermana María Carolina Hoyos Turbay convocó a exhibir la bandera de Colombia como gesto de memoria y rechazo a la violencia.
